PODER REAL

Vicentín: impunidad al palo

Medidas del BCRA y demora del Poder Judicial

Miguel Ponce de León

El 16 de marzo de 1997 el empresario Alfredo Yabrán dio su primera entrevista periodística, y dejó una síntesis -para siempre- de cómo funciona la sociedad en nuestro país, y en casi todos los demás. Cuando le preguntaron "¿Qué es el poder?" respondió sin dudarlo - "El poder es tener impunidad". 

Lo que pasó en los últimos años con la empresa Vicentín, tiene similitudes con los casos de impunidad histórica que tienen los grandes empresarios. La agroexportadora era una de las más grandes del país, pasó del puesto 19 en el ranking de las empresas que más facturaban en el país en 2015 (cuarta entre las cerealeras), al lugar número 6 en el ránking de 2018, y primera en el rubro. Pero en un año, apenas días antes de que asuma el actual gobierno, se declaró en cesación de pagos con una deuda de mil millones de dólares.

En enero de 2020 se conoció que el mayor acreedor de esa deuda era el Banco Nación, con créditos impagos por 350 millones de dólares, más del 20 por ciento del patrimonio de la entidad. Al Banco Provincia de Buenos Aires le quedó debiendo 1.600 millones de pesos, al Banco Hipotecario 700 millones de pesos y otras sumas millonarias a acreedores externos y locales. En el caso del Banco Nación, hubo un otorgamiento totalmente irregular de créditos bajo la gestión de Javier González Fraga, con la complicidad de varios gerentes a cargo. Se empezaron a conocer varios delitos financieros con muchos involucrados, pero hay un problema de fondo: los integrantes del poder político y judicial -si aceleran- se encuentran con un sistema de corrupción, que utiliza el poder económico real, con el que casi nadie se quiere enfrentar.

Lo que aparecen son gestos, importantes -pero tibios- para el nivel de lo que podría ser una de las mega estafas más grandes de los últimos tiempos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó a las entidades financieras que prohibió a Vicentín operar en el mercado de cambios y realizar pagos al exterior. Lo que tienen permitido es liquidar las exportaciones pendientes para regularizar su situación. Esto podría detener la fuga de dinero de la empresa al exterior y los movimientos que son ajenos al pago de todas las deudas que tiene. La empresa sólo podrá liquidar las exportaciones pendientes para regularizar su situación.

La comunicación del BCRA precisa que se dispuso "sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentín S.A.I.C.", y tendrán que "abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales".

También se instruyó a la Dirección General de Aduanas de la AFIP a no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa de cumplimiento con las obligaciones pendientes. El Banco Central notificará al juez concursal que lleva la causa Vicentin, la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar, para que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.

Vicentín debía -a comienzos de 2020- en liquidación de exportaciones 450 millones de dólares. Empezó a liquidar las operaciones hasta un punto en que dejó de entrar divisas al país, y ahora se estima que le quedan pendientes unos 140 millones de dólares. Los datos aparecen en una auditoría del BCRA que descubrió que la empresa tiene pendiente de liquidar operaciones vencidas en octubre de 2019. Todo esto lo está aportando el Gobierno a las causas judiciales, porque tiene información que indica que la empresa podría haber ingresado el dinero de forma ilegal, y desviado fondos a otras empresas que están fuera de Argentina.

Hay varias causas judiciales en el ámbito federal y en la justicia penal provincial de Santa fe que investigan los delitos de balance falso, fraude, estafa y vaciamiento de empresa y una causa civil que lleva el concurso de acreedores, a cargo del juez Fabián Lorenzini. Sobran pruebas en todas las causas, pero el poder de los dueños de Vicentín sigue intacto: en el último informe, los síndicos Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco concluyeron que la empresa no tuvo responsabilidad en la cesación de pagos, sino que fue culpa de la corrida cambiaria, la devaluación, el contexto internacional y hasta el clima. De todas formas, si los jueces y fiscales avanzan, la agroexportadora tiene a la Coalición de Juntos por el Cambio y un sector importante de la industria de medios de comunicación para volver instalar cuando sea necesario la consigna "Todos Somos Vicentín".

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