Daniel César Almirón

Un representante de la ONU acusado de extorsión y secuestro

Comité contra la Tortura de Corrientes

Marcelo Burchisky

Daniel César Almirón, nacido en Chaco hace 37 años, fue noticia, por primera vez, el 17 de abril de 2006 cuando el Diario El Litoral de Corrientes publicó en la sección de policiales que había sido recapturado tras fugarse de la Cárcel Penitenciaria de Resistencia, donde cumplía una condena de 12 años por supuesto robo calificado a la empresa Milkaut. 15 años después Almirón volvió a las páginas de policiales pero ya no era más un joven ignoto sino un representante de la ONU en la Argentina. Tras ser liberado, Almirón se instaló en Corrientes capital y creó la fundación "Amaneceres de Esperanza" que le funcionó como la plataforma ideal para ser designado por la Legislatura provincial como miembro titular del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU. "Amaneceres de Esperanza" era una ONG que se dedicaba a "trabajos sociales, deporte, salud y cultura". Hasta hace poco tiempo -inclusive- tenía un programa en una emisora de FM de Corrientes. Ahora el integrante del Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes está  acusado de los delitos de secuestro y extorsión. Fue precisamente su rol en el Comité lo que utilizó para hacerse con un terreno de 11 hectáreas en el barrio Santa Rita de la ciudad de Corrientes. 

La historia es así: el terreno pertenece a Sandra Martínez y su hija Ludmila Zerrizuela, quienes se encuentran en prisión preventiva desde 2017, acusadas de haber participado del homicidio de Justa Valenzuela, una mujer de 86 años, cuyo cadáver fue encontrado en el cementerio de la ciudad correntina de 9 de Julio. El Juzgado de Instrucción de la ciudad de Goya, las procesó por su supuesta participación en el crimen a pesar de que solo se las ubicaría en el lugar por los dichos de otro co-imputado. Y Almirón les prometió que el Comité contra la Tortura les pondría abogados defensores. "A cambio" Almirón le hizo entregar documentación sobre sus inmuebles y se quedó con el terreno. Los abogados nunca aparecieron. 

Ahora la Comisión Contra la Tortura de la Provincia de Corrientes podría ser investigada por su polémica relación con Almirón. Pero no todo termina con la extorsión. Almirón también está acusado del secuestro del hijo menor de Martínez, quien en extrañas circunstancias quien en circunstancias abandonó el Instituto Magone - un centro de contención y alojamiento para niños y adolescentes desamparados -, adonde fue derivado cuando su madre quedó detenida, y fue al domicilio de Cristina Sandoval, secretaria de la Fundación Amaneceres de la Esperanza. Sandoval también se encuentra imputada por este hecho de privación de la libertad. Además, según consta en la causa, mientras Almirón y Sandoval ocultaban al menor del Juzgado de Menores que ya había ordenado su búsqueda, el titular del Comité contra la Tortura habría extorsionado a la madre del niño para que le entregara documentación sobre los inmuebles a cambio de dejarla hablar con el chico. 

El hijo de Sandra Martínez desapareció del hogar transitorio en octubre de 2020. El 22 de diciembre pasado, Almirón mantuvo una conversación telefónica con Sandra y le habría sugerido que concrete la entrega de documentos o de lo contrario "no hablaría más" con su hijo. La situación fue denunciada el 5 de enero de 2021 ante la Fiscalía de Instrucción 4 , a cargo de la fiscal Sonia Meza, y el sábado 9 el menor fue encontrado en el domicilio de Cristina Sandoval. La funcionaria pidió la imputación de Almirón y Sandoval. La jueza Norma Beatríz Agrasso, al considerar la existencia de pruebas suficientes, ordenó la detención de Almirón, pero éste no fue hallado en su domicilio. Ante esto se emitió un pedido de búsqueda y detención. Las fuerzas policiales y federales de todo el país se pusieron en alerta, se plantearon pedidos de eximición de prisión que fueron denegados y finalmente el 12 de febrero Almirón se entregó voluntariamente y quedó detenido hasta el 31 de marzo. El letrado que lo representa, Jorge Buompadre pidió la excarcelación, y la jueza -pese a los antecedentes criminales del imputado- dio lugar a la liberación, sin que tuviera que pagar ninguna fianza y con la sola limitación de no acercarse a Martinez ni a su hijo, sin tomar en cuenta el riesgo de fuga. 

El Comité contra la Tortura es institución está formada por dos senadores provinciales; dos diputados provinciales; el Subsecretario de Derechos Humanos, en representación del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Judicial, designado por el Superior Tribunal de Justicia; cinco representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales que acrediten una reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y compromiso con los valores democráticos, y que no se hubieran desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político. 

El cuerpo lo preside Ramón Leguizamón, y participaron sus miembros como son el ministro del Superior Tribunal, Alejandro Chain; los senadores provinciales Martín Barrionuevo y Noel Breard; Julio Fagalde, Gladis Hanke, César Almirón y el doctor Jorge Eduardo Isetta, quien es secretario administrativo. 

Hoy Almirón llena de vuelta las páginas de policiales. Pero a diferencia de en 2006 no necesita escapar de la cárcel ni de la Justicia, que, por ahora, lo protege.

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