EN LAS SOMBRAS

Ricos y Famosos no pagan el IS y además quieren que no trascienda

No quieren pagar ni que se conozcan sus argumentos.

Karina Poritzker

Dicen que tienen miedo por su seguridad y las de sus familias. Invocan la ley de protección de datos personales, el secreto fiscal y la confidencialidad de la información. Piden con urgencia a los jueces que sus demandas para no pagar el aporte solidario por la pandemia de coronavirus sean reservadas. Es decir, que dejen de tener acceso público. Actualmente, al estar digitalizadas, pueden ser leídas por cualquier ciudadano con una simple consulta al sistema informático del Poder Judicial.

Los jueces en lo contencioso administrativo federal -en los que recaen las causas que inician los millonarios contra el llamado impuesto a la riqueza- concedieron los pedidos. Demandas de empresarios y famosos que en los primeros tiempos podían consultarse, ya no figuran como de libre acceso.

Tevez expediente by ShowPolitico

Adquirieron el carácter de restringidas o reservadas y están accesibles sólo para las partes: abogados de los denunciantes, los organismos del Estado Nacional denunciados como AFIP, fiscalía y juzgado.

"La información patrimonial y fiscal consignada posee contenido de suma sensibilidad y confidencialidad para mi representada", sostuvo por ejemplo el abogado de una importante empresaria en su planteo

Además sostuvo que "el contenido de las presentes actuaciones se encuentra amparado por el secreto fiscal, como así también por razones de seguridad personal de nuestra representada y su familia".

restringidas by ShowPolitico

En algunos casos, hay resistencia a entregar documentación para respaldar las demandas y pedidos de medidas cautelares. Informan que aguardarán "la reserva de las actuaciones en virtud de la sensibilidad de la información a acompañar", por ejemplo.

También hubo quejas directas ante la "relevancia pública que ha tomado la cuestión aquí discutida".

Es que muchos de los millonarios que demandaron al Estado Nacional no imaginaron que -teletrabajo y digitalización mediante- hoy por hoy, salvo que medie una decisión judicial vinculada a algún derecho personalísimo o investigaciones en curso con pruebas a preservar, los expedientes suelen ser de consulta pública, sobre todo en los fueros civil, comercial y contencioso administrativo federal. Basta contar con el número de causa, de ley o la palabra clave correcta.

"Atento a la relevancia pública que ha tomado la cuestión aquí discutida, y considerando las notas periodísticas en las que surge el nombre y apellido de mi mandante, ruego a VS tenga a bien ordenar la urgente reserva de las actuaciones", se pide en otro de los casos e, incluso, se acompañan copias de algunas de las publicaciones en las que se difundieron los listados de nombres de quienes demandan para no pagar el impuesto.

"Resulta esencial garantizar la protección y evitar la divulgación de toda la información conforme la Ley de Protección de Datos Personales 25326", advierte otro letrado preocupado.

Otro demandante pidió tener "en consideración que el otorgamiento del libre acceso a todo el público en general expone al actor y a toda la familia a una situación de riesgo, pues cualquier persona podría acceder al sistema, conocer la composición del patrimonio y peor aún, exponerlo a eventuales situaciones de inseguridad, por el grado de detalle que requiere el inicio de la presente acción".

Por otro lado sostienen que toda la información que debe aportarse para obtener un fallo favorable, está amparada por el secreto fiscal en base al artículo 101 de la Ley 11683 más allá de las "razones de seguridad personal y familiar".

Actuaciones Se Restringen C... by ShowPolitico

El primer famoso cuyo nombre trascendió a los medios fue el de Carlos Tévez, cuyo expediente ya no es de "acceso público" en el sistema web de consultas. Lo mismo ocurre con muchos otros desde que a mediados de abril diferentes medios de comunicación difundieron sus nombres.

La mayor parte reclama el dictado de una medida cautelar para que la AFIP se abstenga en cualquier instancia administrativa o judicial de reclamar el pago del "Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los efectos de la pandemia" (ASEP) creado por la ley 27605. Esto de manera previa al dictado de una sentencia de fondo.

Los reclamos pasan también por el dictado de una acción declarativa de certeza y pedidos de inconstitucionalidad al sostener que el Aporte "no constituye uno de los recursos del Estado admitidos por la Constitución Nacional, por lo que se está frente a una afectación inconstitucional del derecho de propiedad, asimilable a una expropiación sin indemnización o una directa confiscación de bienes".

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